De momento, lo que está claro es que a partir de ahora va a ser delito que las bibliotecas públicas presten libros gratuitamente, sin pagar un canon a sus autores. Se suponía que la no existencia de un ánimo de lucro, su papel en la promoción de la lectura, su función como difusores y conservadores de la obra de esos autores, justificaba que el préstamo de libros no se sometiera a la omnipresente Ley de la Propiedad Intelectual. Vana suposición.
Texto extraído de: Escolar: Ni se le ocurra tararear a Mozart, texto escrito por Soledad Gallego-Díaz, publicado en El País.
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